Para compartir recursos educativos digitales, la opción más habitual es subirlos a un repositorio o a una plataforma que ofrezca las condiciones de seguridad adecuadas, tanto para los autores (licencias, reconocimientos) como para el resto de usuarios (búsqueda, localización, utilización), siempre que contemos con la autorización de la Administración educativa competente.

Estas condiciones son las políticas de uso del sitio en el que alojemos el archivo, que establecen cómo utilizarlo y compartirlo, así como qué datos serán recopilados mientras el usuario navega, qué se hará con cada uno de ellos, cuánto tiempo permanecerán guardados y quién es responsable de su administración y, en su caso, eliminación (políticas de privacidad, generalmente englobadas en las políticas de uso).

Al hacer uso de dicho sitio, estamos asumiendo como propias esas políticas de uso, por lo que nos interesa revisarlas antes con detalle.

El propósito de estas políticas en la compartición es definir lo que está permitido cuando se utilizan y comparten recursos, con el fin de que los usuarios puedan realizar sus actividades en un entorno seguro y de calidad.

Por ello, deben estar recogidas en un documento específico, que esté escrito en términos sencillos de comprender, sin tecnicismos, y al que sea fácil acceder.

En definitiva, establecer políticas de uso para compartir recursos educativos es una tarea imprescindible, pues con ellas se orienta sobre cómo utilizarlos, facilitando así el trabajo de todas las partes interesadas.

Es importante señalar que también se pueden compartir recursos con herramientas de uso personal, como Google Drive, cuyas políticas de uso propias asumimos al utilizarlas, pero esto implica amenazas de seguridad y de protección de datos que es mejor evitar.